Silvano Bautista I.
Enoc Díaz Pérez, se definía así mismo como un intelectual. Docente de profesión, si resulto intelectual, al menos del secuestro de dos empresarios y del homicidio de cinco personas emboscadas y asesinadas en el marco de las elecciones locales y federales del 5 de junio del 2021.
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinas (CIOAC), alertó en días pasados que el presunto responsable de este multihomicidio, Enoc Díaz Pérez, podría evadir la acción de la justicia con la ayuda de políticos chiapanecos que intentan incidir ante la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado.
En esa fecha, Bernardino Sánchez Goméz, Silvia Sánchez Sánchez, Ramiro Díaz Sánchez, Moisés Sánchez Sánchez y Héctor Hernández López, fallecieron emboscados por hombres armados cuando viajaban en una camioneta en una comunidad de Pueblo Nuevo. Las víctimas trasladaban papelería electoral.
La única sobreviviente de esa emboscada fue Elsa Estrada Sánchez, quien resultó con varias lesiones de arma de fuego, pero pudo identificar entre los agresores a Enoc Díaz Pérez, a su hermano Samuel y al hijo de Enoc, del mismo nombre, entre otras personas armadas.
Mauricio Pérez Ruiz, vocero de los familiares de las cinco personas acribilladas a tiros y la sobreviviente de esa masacre, dijo que tras las indagatorias hace poco más de un año fue detenido Enoc Díaz Pérez y fue llevado al penal de El Amate, sin embargo, de manera extraoficial se percataron que ya no está en el penal, sino que le dictaron prisión domiciliaria, desde donde tiene acceso a teléfonos celulares y hace uso de sus redes sociales anunciando que regresará para hacer activismo político.
Las víctimas refieren tener conocimiento que políticos interesados en contender para la elección del 2024 están interviniendo ante el Tribunal del Estado y Fiscalía para que Díaz Pérez sea liberado, para que regrese al municipio y siga construyendo células del grupo armado Amigo Revolucionario No. 7.
Indican Díaz Pérez es una persona peligrosa que ha mandado asesinar a mucha gente entre otros, al ex comisariado de la comunidad Aurora Ermita en el 2014 y hoy en día ese hecho está impune así como otros, como alcalde cuando fue desaforado en el 2015 se llevó todos los recursos públicos de la presidencia que atendían a más de 20 millones y no se hizo nada para castigarlo”, agregó.
Y es que es la tercera ocasión en que Díaz Pérez es detenido y encarcelado; la primera fue por una masacre contra policías estatales, la segunda siendo alcalde, cuando detuvo de forma arbitraria y plagió a los empresarios Edgar Belisario García y Héctor Rendis Trujillo.
Estos, interpusieron una denuncia por abuso de autoridad, detención arbitraria, así como tortura física y psicológica en contra del edil perredista.
El supuesto delito, explicaron los agredidos, es que uno de ellos fotocopió una nota periodística de un diario local, donde se hablaba de la inseguridad en el municipio y se criticaba al alcalde Enoc Díaz Pérez por sus abusos de autoridad y su presunto enriquecimiento ilícito, y la distribuyó entre amigos y vecinos. El grupo golpeó y detuvo también a algunos testigos que pretendían tomar fotos y videograbar los hechos.
Sin embargo, no se percataron que el sistema de video vigilancia captó el momento en que ingresan las unidades sin placas con los hombres armados a bordo.
Durante su traslado al lugar de su detención ambos empresarios acusan que fueron amenazados de que serían ejecutados y sus cuerpos serían quemados. Luego de algunas horas detenidos, ambos empresarios aseguran que fueron llevados a un auditorio donde se encontraban unas 300 personas. Este sujeto, presumía ser protegido del entonces líder estatal del PRD, César Espinosa.
Por esta situación, la CIOAC exige a las autoridades judiciales que en este caso se aplique toda la ley y castigo de acuerdo a la gravedad de la masacre de la cual le imputan 4 muertes y varios lesionados, por lo que no existe ninguna resolución para que pueda ser liberado.
Esta organización campesina, anunció que recurrirá a instancias federales para que se haga justicia; en este caso, a la Secretaría de Gobernación y organismos de derechos humanos.
