Óscar Gómez/Corresponsal
San Cristóbal de Las Casas. – El Este Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dio a conocer que continúa recibiendo información desde los barrios, ejidos, autoridades y comunidades afectadas de Chicomuselo y Frontera Comalapa, que, hasta el momento de emitir esta comunicación, las personas desplazadas no han recibido ningún tipo de asistencia de los gobiernos federal y estatal.
“Nos reportan que la única ayuda humanitaria que han recibido las personas desplazadas que se encuentran en Josefa Ortiz de Domínguez y Pablo L. Sidar ha sido proporcionada por protección civil de Chicomuselo, continuando la grave omisión de los gobiernos federal y estatal”, cita en un escrito.
Pide que el despliegue militar y policíaco no sea una nueva simulación por unos días como ha sucedido previamente, ya “que es necesaria la pacificación de la región con operativos permanentes en lugares estratégicos y se realicen acciones directas para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que han sembrado el terror y miedo”.
Aseguran que Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en Chiapas, tuvo información con antelación por diversos canales de la situación preocupante que se vivía la región fronteriza “y en su calidad de diputada local y presidenta de la mesa directiva del Congreso, no intervino en estos hechos que vulneran gravemente los Derechos Humanos”.
“Como parte del legislativo no realizó ninguna acción para exhortar al gobernador en atender la grave situación en la región fronteriza, sumándose el Congreso de Chiapas a las omisiones y negligencias de los gobiernos federal y estatal”, añaden.
Lamentan que actualmente hayan huido y desplazado cerca de 3 mil personas que siguen sin ninguna atención y asistencia por parte de los gobiernos federal y estatal.
“Este Comité Digna Ochoa ha enviado las denuncias e información a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la CNDH y a la Secretaría General de Gobierno”, subrayan.
Por último, manifiestan que la presencia militar en el gobierno actual ha servido como instrumento para proteger la imposición de megaproyectos como el AIFA, el Tren Maya, el Tren Transístmico y la extracción minera.
